El artículo 32 de la Constitución del Ecuador reconoce la salud como un derecho que el Estado garantiza. El artículo 366 obliga al Estado a destinar al menos el 4% del PIB a salud, con un incremento anual mínimo de 0,5%. Detrás de cada uno de esos artículos hay una promesa que el sistema, día a día, decide cumplir o no cumplir.

En 2020, la Corte Constitucional declaró que la falta de acceso a medicamentos esenciales era una violación reiterada de ese derecho, y emitió 24 órdenes vinculantes para corregirla. Cinco años después, los reportes anuales que esa sentencia ordenó no se han publicado. El portal sobre conflictos de interés en adquisición farmacéutica no existe. La regulación sanitaria no opera al estándar internacional que la propia Corte exigió. Y las familias —las mismas familias cuyas acciones de protección dieron origen a esa sentencia— siguen acudiendo, una por una, a los tribunales para obtener un derecho que ya fue declarado.

Mientras eso ocurre, los pacientes con enfermedades catastróficas crean bancos de medicamentos entre ellos. Los padres de niños con cáncer testifican ante la Asamblea sobre los tratamientos que no llegan. Las clínicas de diálisis anuncian la suspensión de servicios por adeudos del Estado. La salud, declarada derecho, opera como privilegio.

Salud Sin Demora es una iniciativa de incidencia ciudadana, en formación, dedicada a defender el acceso oportuno a la salud para todas las personas en Ecuador. Trabajaremos por un sistema que reconozca —no por excepción sino por diseño— que la salud es un derecho, y que cada demora tiene un costo humano que las estadísticas oficiales no capturan.

Lo que vendrá toma forma en tres frentes: organización (articular las voces que ya existen y que hoy operan aisladas), herramientas (información clara sobre derechos, rutas de reclamo, mecanismos de protección), e incidencia (mantener la memoria pública de las decisiones tomadas y no ejecutadas, con la precisión que las familias merecen).

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